La Procuraduría General de la Nación pidió explicaciones a la Gobernación de Córdoba y a las universidades del Norte y de Córdoba por el preocupante retraso, superior a tres años, en la puesta en marcha de un proyecto financiado con $ 7.847 millones provenientes del Sistema General de Regalías, (SGR) que debería estar beneficiando a 7.200 niños de entre 0 y 14 años.

Se trata del Modelo psicosocial de prácticas de cuidado con apoyo TIC con enfoque de seguridad alimentaria en la primera infancia de Córdoba, cuya finalidad es identificar las prácticas de cuidado y alimentación que desarrollan las familias con niños, para implementar un programa basado en el modelo psicosocial de TeleCuidado y la promoción de la seguridad alimentaria, e incidir positivamente sobre el desarrollo infantil.

El proyecto fue aprobado el 21 de octubre de 2019 con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación adscrito al SGR. La responsabilidad frente a su ejecución quedó en cabeza de la Gobernación departamental, que a su vez firmó un convenio especial de cooperación con las universidades del Norte y de Córdoba para llevarlo a cabo en un tiempo estimado de 24 meses.

Sin embargo, pasados 38 meses de haber sido aprobado, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento a las Regalías pudo establecer, tras verificar en diferentes sistemas de información, que su avance financiero y de ejecución es de 0%.

El procurador delegado para el Seguimiento a Regalías, John Harvey Pinzón, envió comunicaciones al gobernador departamental, Orlando David Benítez y a los rectores de las universidades, pidiendo, en un plazo de cinco días, explicaciones sobre las razones por las que no se ha comenzado a ejecutar el proyecto y las acciones a emprender para superar los atrasos.

“El retraso evidenciado podría afectar la finalidad del proyecto, dejando en riesgo la resolución del problema central y generar una eventual afectación a los 7.200 niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 14 años en los municipios de Montería, Montelíbano, Puerto Escondido, Sahagún, San Bernardo y Lorica”, asegura el delegado Pinzón en sus cartas.

*Con información de Procuraduría General de la Nación